Imagine dos proyectos de ley que reducen el número de trámites que tienen que hacer los chilenos, los costos de créditos y otras transacciones, y permiten, además, ahorrar tiempo a todas las personas. Todo esto se logra al reducir el número de trámites innecesarios, autorizando además que se realicen vía electrónica trámites que hoy deben ser realizados en forma presencial.
Estos proyectos existen. Se llaman Modernización de Firma Electrónica Avanzada, que autoriza el uso de este tipo de firma para trámites que hoy requieren notario (la firma de un pagaré para un crédito, por ejemplo) y la Reforma al Sistema de Notarios, que reduce el número de trámites notariales y permite que otras diligencias sencillas – una fotocopia legalizada del carnet, por ejemplo – puedan hacerse a través de “fedatarios” (un abogado registrado, que no sea notario). Esto permitiría aumentar sustantivamente el número de personas que pueden dar fe de la legalidad de trámites simples, reduciendo costos y tiempos de espera.
Ambos proyectos, benefician a 20 millones de chilenos y sin embargo, llevan 2 y 8 años detenidos en el Senado, respectivamente. ¿A qué se debe esto? A que benefician a todos, menos a 395 de las personas más poderosas e influyentes del país: los notarios, cuya red de influencia se extiende por tribunales y el Congreso. Así lo reveló, una investigación, realizada por Fundación América Transparente y publicada en el sitio: www.podernotarial.cl.
Ser notario tiene como único requisito legal ser abogado con un año de experiencia y rendir tres pruebas. Hoy en Chile existen alrededor de 40.000 abogados activos; sin embargo, dentro de los que son notarios, el 40% es pariente de un senador, un diputado o un miembro del Poder Judicial en el presente o pasado. Más aún, a pesar de que el cargo no se hereda, 103 notarios están casados o son hijos o hermanos de otros notarios.
En el sitio web donde se publica esta investigación se pueden revisar estos poderosos vínculos. Por ejemplo, un senador, miembro de la comisión de constitución donde se tramita esta ley, está casado con una notario. Por cierto, la ley de firma electrónica, mientras este senador presidió la comisión, no presentó ningún avance, a pesar de haber permanecido con urgencia. Vínculos así de influyentes se multiplican. De hecho, considerando los parlamentarios con quienes están emparentados los notarios, estos tienen una “bancada” de senadores del mismo tamaño que la Democracia Cristiana, y una “bancada” de diputados de tamaño equivalente a la de Evópoli o el PPD.
Los vínculos con el poder de casi la mitad de los notarios, incluyendo vínculos con legisladores a cargo de tramitar los proyectos que los regulan, no prueban, por cierto, que haya corrupción. Sin embargo, la excesiva frecuencia de parentescos con el poder, en un cargo donde el ingreso promedio son 14 millones de pesos, sumado a la extrema dificultad que han tenido estos proyectos para avanzar en su trámite legislativo, son motivos suficientes para sospechar.
El problema que esto origina es doble. Por un lado, económico: sin digitalización de nuestros trámites, es muy difícil que Chile se incorpore efectivamente a una economía global que progresivamente prescinde del papel, condenándonos al subdesarrollo. Al mismo tiempo, los trámites en papel hacen perder tiempo a la ciudadanía (y por ende dinero) reduciendo la calidad de vida de todos los chilenos.
Por otra parte, la situación actual de los notarios, con varios de ellos con cargos de carácter vitalicio y con sueldos millonarios – al parecer designados por amiguismo y compadrazgo – pone en tela de juicio el ideal meritocrático, mostrando que la educación y el talento, en Chile, no son suficientes para prosperar. Esto, sin duda, exacerba lo que diversos intelectuales han concordado es una de las causas del estallido social: la excesiva desigualdad.
Finalmente, la ausencia de avance en estos proyectos beneficiosos para casi todos los chilenos, exceptuando una pequeña elite que verá mermado sus ingresos producto de burocracia innecesaria, golpea duramente la integridad completa de nuestro sistema legislativo. Pareciera para estos efectos que este último está capturado por un poderoso grupo de interés, actuando como comparsa de los notarios y no como entidad reguladora y fiscalizadora que representa a la ciudadanía.
Los cambios a nuestro sistema notarial son urgentes. No requieren de una nueva Constitución, si no de una ley simple. Es el momento entonces, en medio de un clima de crispación social cada día más intolerante con los abusos, que el Congreso demuestre que está para servir a todos los chilenos y no al grupo de interés que más fuerte presiona. La integridad de nuestra democracia está en juego.
Por Juan Carlos Said, Juan José Lyon Fundación América Transparente