Acaba de ser aprobado en la Comisión de Salud del Senado un proyecto de ley que fija los precios de prestaciones médicas en un valor no mayor a 50% del arancel Fonasa. El proyecto establece la necesidad de informar públicamente los precios, además de la creación de un observatorio fiscal para monitorizarlos. La iniciativa legal, si bien tiene buenas intenciones, debe modificarse en su diseño, para permitir que la baja en precios se transfiera a los usuarios, evitando, además, que haya una reducción en la oferta de exámenes para las personas, producto de fijar precios bajo los costos reales para diversos prestadores.
En primer lugar, el proyecto empieza mal al fijar precios con relación a un arancel Fonasa que fue fijado hace años, y que hoy no se actualiza en forma periódica. Se estima que a nivel hospitalario esos aranceles solo cubren el 56% (Cid, 2014) de los gastos reales incurridos por los hospitales públicos, lo que explica justamente el problema de deuda que arrastran estas instituciones. En resumen, éstos gastan más en realizar los exámenes que lo que reciben del estado.
Más aún, no hay que olvidar que la mayor parte del precio de una prestación es pagado actualmente por el seguro médico. Con este proyecto, pacientes de Fonasa que se atienden pagando un copago en clínicas, podrían ver una baja en el precio a pagar por sus exámenes, lo cual es bueno. No obstante, en el caso de las Isapres, dado que no están obligadas a traspasar al cliente reducciones en los precios pagados a clínicas por prestaciones, es probable que gran parte del ahorro se lo quede la aseguradora y no el paciente.
En segundo lugar, especialmente en regiones, el proyecto podría llevar a la reducción de la oferta de ciertos procedimientos. Dada la extensión del país y las diferentes densidades de población, el costo de un examen puede variar sustantivamente entre regiones, dependiendo de la posibilidad de hacer economías de escala. A modo de ejemplo, un equipo para realizar exámenes de sangre cuesta lo mismo a una clínica en Punta Arenas o en Santiago, sin embargo, dada la menor demanda en regiones, con iguales costos fijos, es probable que el costo de ese examen sea mayor para quien lo provee en lugares donde hay menos solicitudes, existiendo la posibilidad que baje la motivación del proveedor para entregar este servicio. Con esta lógica, el proyecto que propone bajar los costos de los exámenes, podría terminar en la práctica, reduciendo el acceso a éstos.
Por otra parte, aún no es claro si la fijación considerará precios de exámenes a nivel ambulatorio o considerará a hospitalizados también. Muchos países desarrollados fijan precios de exámenes y prestaciones para pacientes hospitalizados (Ej: Alemania, Australia), pero esto se hace en forma agrupada, valorizando grupos de prestaciones (conocidos como GRD: grupo relacionado a diagnóstico) y no solo exámenes individuales.
A nivel hospitalizado, fijar el precio de un examen (Ej: scanner) y no del tratamiento global para una enfermedad (Ej.: un cáncer), podría generar un incentivo perverso a la inducción de demanda. Es decir, con toda probabilidad, se sumarán a las atenciones exámenes adicionales que sean más rentables, con el fin de cubrir costos reales del procedimiento.
Si se desean mejores precios sin afectar el acceso a prestaciones médicas, es clave crear una institucionalidad como el NICE inglés (National Institute for Clinical Excellence), que estudie los costos reales de las prestaciones y determine cuánto es razonable pagar por una de éstas, incluyendo factores regionales que determinan costos, de manera de no afectar la provisión de servicios médicos ni la equidad en el acceso a la salud.
Por último, una solución de fondo al problema de los costos en salud, requiere además avanzar de forma urgente en una reforma global al sistema de financiamiento, que cree un Seguro Único de Salud que permita que todos los 7% de las y los chilenos más aportes del Estado, vayan a un mismo fondo común, que provea atenciones en una red integrada pública privada, como se ha hecho, por ejemplo, durante toda la pandemia con los pacientes con Covid-19. Los seguros privados, pasarían a ser aseguradoras de segundo piso, que cubren aquello que no está incluido en el seguro estatal, en línea con lo que sucede en países desarrollados como Australia, Canadá o Corea del Sur.
La propuesta actual peca de un voluntarismo extremo. Hace creer que ahí donde no existe un sistema integral de financiamiento, ni evaluación sistemática de los costos de las prestaciones por una institucionalidad adecuada, ni un seguro que traspase los ahorros en precios a los pacientes, la simple fijación de un arancel, resolverá el problema del costo de los exámenes, de Arica a Punta Arenas, sin crear ningún tipo escasez. Es importante, entonces, modificar el proyecto para que pasemos de solo buenas intenciones, a un beneficio concreto para los pacientes.
Por Juan Carlos Said, Fundación América Transparente