En medio de la crisis social, el gobierno acaba de lograr que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de reforma de Fonasa que permitiría que ciertas enfermedades, que hoy no logran ser resueltas en el sistema público, puedan ser tratadas en el sistema privado con un pago máximo por parte del paciente que no sobrepase el 40% de su renta anual. La propuesta es interesante y permite resolver un problema urgente de acceso a prestaciones médicas. Sin embargo: ¿Qué hacer a largo plazo para mejorar la salud de los chilenos más vulnerables?
Una de las opciones que ha tomado relevancia es la creación de un Fondo Único de Salud. Es decir, el 7% cotizado por los trabajadores del país iría sólo a Fonasa y no más a Isapres, las que funcionarían como seguros complementarios para quien quiera financiar lo que no sea cubierto por el seguro público.
La solución es resistida en la centro-derecha, ya que la considera de un excesivo estatismo. Por su parte, la centro izquierda que hoy la promueve, habiendo gobernado con mayoría en ambas cámaras, nunca presentó un proyecto de ley que incluyera esta reforma. Hoy en día, sin embargo, constituye la alternativa elaborada por del Colegio Médico. ¿Será este el momento para levantar esta propuesta? ¿Es concordante un Fondo Único con un pensamiento liberal?
a respuesta es sí, a ambas preguntas. Existe un clima reformista favorable al cambio y este sistema permitiría “nivelar la cancha”, haciendo que todos los chilenos, independiente de su renta, tengan un seguro de salud que garantice atención oportuna y sin discriminación, lo que responde a un anhelo fundamentalmente liberal. Además, sistemas como este existen en países como Inglaterra o Canadá, donde han demostrado poder proveer salud en forma oportuna a un costo razonable.
Hoy en día, las Isapres seleccionan a los pacientes para quedarse con los más sanos y con más altos ingresos. A medida que estos envejecen y se enferman, los planes suben, obligando a sus afiliados a salirse del sistema e ir a Fonasa.
El resultado: Fonasa termina haciéndose cargo de los pacientes más enfermos y de menores rentas, de los cuales no recibió ningún aporte cuando estaban sanos y tenían mejores ingresos. Dicha situación, se ha vuelto insostenible y es en parte, responsable de los déficit crónicos de nuestro sistema de salud.
La creación de un Fondo Único de Salud permitiría obtener recursos para mejorar hospitales y consultorios y poner fin a los copagos en el sistema público. Hoy en día, un paciente que gana 365.000 pesos, casi lo mismo que el sueldo mínimo propuesto por el gobierno, es considerado una persona de elevados recursos y debe pagar el máximo copago en Fonasa: 20%. El efecto de este copago es negativo para la salud. La evidencia muestra que desincentiva la consulta al doctor, incluso cuando esta es médicamente justificada, repercutiendo negativamente en la salud de las personas, el bien que justamente se busca proteger.
Se ha planteado que la creación de un seguro único vulnera la garantía constitucional que establece que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”. Sin embargo, cuando se redactó la actual Constitución, las Isapres no existían, así es que es difícil argumentar que el legislador buscaba garantizar el acceso a estas.
Por otra parte, un fondo único no implica el fin de los aseguradores privados (las Isapres), ni tampoco el fin de las clínicas o prestadores privados. En el nuevo sistema existiría la libertad de atenderse con un prestador público (hospitales o consultorio), donde Fonasa cubriría el valor completo de la prestación, o con un prestador privado (ej.: clínica privada), donde un porcentaje de la prestación sería financiado por el asegurador estatal y el resto por una Isapre, que actuaría como seguro complementario. Esto último ya sucede hoy cuando Fonasa financia atenciones de urgencias en clínicas o determinadas prestaciones como cirugías de vesícula o próstata, en los mismos centros, a través del programa PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).
Finalmente, el clima reformista que acontece en Chile, luego del estallido social, podría quizás, ser una oportunidad única para mejorar en forma definitiva los problemas en el financiamiento de nuestro sistema de salud. No la dejemos pasar.